Abogados especialistas en derecho de familia como el despacho Asencio Cantisán analizan los datos judiciales que cuestionan la idea de que septiembre registre un incremento real de rupturas matrimoniales
La llegada de septiembre reactiva cada año el debate sobre un posible incremento en las separaciones y divorcios tras finalizar el periodo vacacional. Si bien la percepción social sugiere que el retorno a la rutina y la convivencia intensa durante las vacaciones actúan como detonantes, las cifras oficiales invitan a analizar la situación con mayor rigor. Las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), publicadas por trimestres, no permiten concluir que septiembre sea, por sí solo, el mes con mayor volumen de demandas.
Los datos más recientes reflejan una tendencia a la baja en la actividad judicial matrimonial. Durante el tercer trimestre de 2025, que abarca julio, agosto y septiembre, Andalucía registró 2.934 demandas de disolución matrimonial, lo que supone un 21,7 % menos que en el mismo periodo de 2024, según el CGPJ. Específicamente, en la provincia de Sevilla se presentaron 421 demandas de divorcio consensuado y 199 no consensuadas durante dichos meses.
El abogado Juan Diego Asencio Cantisán, especialista en Derecho de Familia en Sevilla, señala que septiembre debe entenderse más como un momento de reorganización personal que como un mes estadísticamente marcado por el divorcio. «El final del verano no constituye jurídicamente un motivo para divorciarse ni existe evidencia oficial suficiente para declarar septiembre como el mes con más rupturas», afirma el letrado.
Es relevante diferenciar las fuentes estadísticas, ya que el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el CGPJ miden aspectos distintos. En 2024, el INE contabilizó 82.991 divorcios en España, un 8,2 % más que el año anterior. Por su parte, el CGPJ contabilizó 15.229 demandas de disolución en Andalucía durante 2025, un 17,7 % menos que en 2024. Esta disparidad en los métodos de recuento subraya la importancia de interpretar los datos con cautela.
Ante una posible ruptura, el asesoramiento jurídico previo resulta fundamental. Antes de iniciar cualquier procedimiento, se recomienda recopilar documentación esencial, como certificados de matrimonio, escrituras, contratos hipotecarios y estados de cuentas financieras. El Código Civil permite solicitar el divorcio de forma individual o conjunta, por lo que la negativa de una de las partes a seguir casada no impide la disolución del vínculo.
El proceso puede realizarse de mutuo acuerdo mediante un convenio regulador o mediante la vía contenciosa si no existe consenso. En situaciones donde hay hijos menores, la prioridad legal se centra en el interés superior del menor, separando el conflicto de pareja de las responsabilidades parentales. Respecto a la vivienda familiar y el patrimonio, las decisiones requieren un análisis detallado, dado que la atribución del uso del hogar no implica necesariamente una modificación en la titularidad ni en las obligaciones hipotecarias.
El despacho de Asencio Cantisan, que desarrolla su actividad en Sevilla, recomienda a quienes valoran iniciar un proceso de divorcio que busquen asesoramiento profesional antes de adoptar decisiones precipitadas. Consultar con un letrado permite identificar prioridades, evaluar la viabilidad de un acuerdo y mitigar las consecuencias prácticas en la gestión de la vivienda, los bienes y las medidas parentales.
