MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) –
La Federación de Enseñanza de CC.OO Madrid ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo ante las «reiteradas denuncias» de cobro de 500 euros por parte de centros hospitalarios a alumnos de Formación Profesional de la rama sanitaria a cambio de plaza para poder realizar en ellos sus prácticas.
En un comunicado, la Federación ha acusado a la Comunidad de Madrid de no haber «puesto fin» a esta exigencia de pago pese a dichas denuncias, por lo que ha optado por acudir ante el Defensor del Pueblo y presentar una queja formal «para que intervenga.
En un comunicado, CC.OO señala que esta queja se suma a otros pasos que ya ha dado el sindicato y que «han sido de momento ignoradas por el Gobierno de la Comunidad», como el requerimiento formulado el pasado 11 de febrero de «cese de situación de hecho ilegal».
También presentó, explica, un Contencioso Administrativo al Gobierno de la Comunidad para que intervenga y ponga «fin a estas exigencias de pago para poder acceder al módulo de Formación en Centros de Trabajo», es decir, por las prácticas.
«Pese a que está prohibido cobrar al alumnado un extra por una asignatura obligatoria para obtener la titulación y que está incluida en las tasas abonadas o en las becas para cursar Formación Profesional en centros privados, el hecho es que se está pagando», subraya la secretaria general de la Federación de Enseñanza de CC.OO de Madrid, Isabel Galvín.
77.000 ALUMNOS DEBEN INICIAR SUS PRÁCTICAS «DE MANERA INMINENTE»
Galvín advierte de que este asunto «está especialmente candente» porque «es inminente que unos 77.000 estudiantes inicien el módulo de Formación en Centros de Trabajo». «En la Comunidad de Madrid la tasa para cursar enseñanza de ciclos formativos de grado superior de FP es de 400 euros y, por tanto, no puede exigirse en el pago de una nueva cantidad para cursar ningún módulo, es decir, para ninguna de las ‘asignaturas’ que componen el ciclo, ya que todos ellos están incluidos en la tasa que se paga a principio de curso o en dos pagos», añade la secretaria general de la Federación.
En concreto, explica que las tasas establecidas para el curso 2022-23 por la Comunidad de Madrid son de 400 euros por curso completo, más 120 por módulo pendiente, excepto para familias numerosas acreditadas o casos especiales documentados. Los alumnos o alumnas matriculadas exclusivamente en Formación en Centros de Trabajo o Proyecto no deben abonar tasa extra alguna.
En cuanto a los centros privados, la convocatoria de becas de Formación Profesional de grado superior correspondiente al curso 2023-2024 señala que «el beneficiario será el único responsable del medio de pago recibido» y «deberá utilizarlo mensualmente en el centro de matriculación en concepto de abono de la cuota de escolarización», concluye.
Esta situación ha llevado a los alumnos afectados a manifestarse en reiteradas ocasiones tanto frente a la sede de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, como de la Asamblea de Madrid, a fin de reclamar una solución al problema.
LA COMUNIDAD TRABAJA EN DOS VÍAS PARA RESOLVERLO
Por su parte, el propio consejero de Educación ha negado en diversas ocasiones que hospitales públicos de la región hayan cobrado por recibir alumnos de Formación Profesional de la rama sanitaria para hacer allí sus prácticas.
«Hemos hecho un estudio interno y en los hospitales públicos no se ha recibido ningún tipo de pago por acceder a las plazas de Formación Profesional», recalcó Viciana el pasado 2 de febrero, cuando precisó que en el caso de los privados «tienen libertad para hacerlo».
«Nosotros, en todos los estudios que hemos manejado, se ha hecho una auditoría desde la Consejería de Sanidad y no ha habido pagos», insistió, al tiempo que explicó que el problema se remonta a la implantación de la Ley 40-2015, aunque «ha sido los últimos tres años» cuando se ha agravado fruto de «un incremento en determinadas titulaciones» de FP, especialmente en la rama sanitaria.
A este respecto, apuntó que desde la Comunidad de Madrid se trabaja en dos vías para hacer frente a estas incidencias, por un lado «dar una respuesta a la situación actual» y, por otro, «una planificación a futuro» para que no se repita una situación así.
«Lo que queremos hacer es intentar regular esta cuestión de una forma correcta por parte de la Comunidad de Madrid», precisó el consejero, quien ha recordado que este episodio se ha sumado a la situación generada por la obligatoriedad de que los alumnos coticen por sus prácticas. «No está ayudando», reconoció entonces.
